El 2018 fue el año que nos confirmó la buena salud de la biomasa de anchoveta, al evidenciarse la existencia de alrededor de 11 millones de toneladas, nivel 35% superior al promedio de los últimos 25 años. Ello permitió capturas por 6.2 millones de toneladas métricas (TM) de anchoveta, a lo que se sumó un buen desempeño de las otras pesquerías con un millón de TM de capturas, niveles totales que no se veían desde el 2011. En otras palabras, tuvimos un muy buen año de pesca, luego de cuatro años de dificultades.
El año pasado también se cumplieron 10 años de la aplicación del sistema del ordenamiento pesquero complementario para la pesca de anchoveta, y con ello se realizaron diversas evaluaciones que muestran los buenos resultados obtenidos. El sector pesquero es un actor estratégico para la economía peruana. Muestra de ello es que representa más del 1,3% del PIB, lo que significa casi S/ 9,000 millones al año. A nivel de empleo, el Instituto Peruano de Economía estima que por cada puesto en la pesca se generan tres adicionales, lo que significa que esta actividad contribuye con más de 700.000 empleos directos e indirectos.
Para el 2019, nuestra agenda pendiente está enfocada en la revisión integral de las cargas regulatorias que pesan sobre nuestro sector. Contrariamente a lo que se piensa, la industria pesquera ni gana mucho ni paga poco. Es más, actualmente se encuentra fuertemente apalancada y con una rentabilidad bastante deteriorada. Pese a ello, las cargas regulatorias se han incrementado casi en un 300%. El Perú es el que más paga de los países de la OECD, superando incluso a Chile. De ahí, la necesidad de sincerar estos pagos, toda vez que ello nos vuelve menos competitivos y limita el potencial de crecimiento.
Como se ha mencionado innumerables veces, la industria está de acuerdo en que se incrementen los derechos de pesca, pero ello debe realizarse en base a costos auditados e ingresos reales de la industria. Asimismo, deben revisarse los pagos por supervisión y vigilancia que en los últimos ocho años casi se triplicaron.
Otro tema que nos permitiría aportar al crecimiento es el aprovechamiento de la biomasa de la anchoveta existente en el sur del Perú. En los últimos años los desembarques de este recurso en dicha zona han caído drásticamente luego de que se eliminara -sin sustento técnico- el Régimen Especial de Pesca, que permitía realizar la actividad extractiva más cerca de la costa en atención a las características del zócalo continental, tal como ocurre en el norte de Chile. Si no se corrige la política que se viene aplicando, la pesca en el sur continuará disminuyendo.
Y como si lo anterior no fuese suficiente, en el norte también estamos dejando pasar una oportunidad única: el desarrollo de la pesquería del atún. Tenemos la posibilidad de situarnos entre los principales productores de esta especie. Para ello, debemos reducir el precio del combustible a través de la eliminación del ISC, con el fin de equiparar dicho precio al que pagan las embarcaciones ecuatorianas, que es tres veces menor.
A todo ello, un aspecto crucial a abordar este 2019 es establecer una política firme desde el Estado y la sociedad civil contra la pesca negra o ilegal. Esta actividad mueve millones de dólares, depredando el mar, contaminando el ambiente y explotando a sus trabajadores, los cuales se encuentran en la absoluta informalidad.
Finalmente, tenemos un gran desafío: derribar los mitos que sobre la industria pesquera se han ido instalando por años en el inconsciente popular. Es hora de que los peruanos se sientan orgullosos de este sector que contribuye a la seguridad alimentaria del mundo, además de generar empleo y divisas en el país.
Si bien es una agenda amplia y laboriosa estamos seguros de que, con el compromiso de todos los actores, públicos y privados, la podremos llevar a buen puerto.
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Foto: Internet