En marzo de 2017, las empresas asociadas a la Sociedad Nacional de Pesquería pusieron a disposición sus embarcaciones pesqueras para la creación de un puente marítimo, el cual permitió al sector privado, instituciones públicas y sociedad civil organizada, el traslado de las donaciones para el norte del país; afectada por las lluvias, huaycos e inundaciones como consecuencia del Fenómeno El Niño Costero de ese año, que destruyó varios tramos de la red vial nacional y mantuvo desconectado a todo el norte.
El resultado fue exitoso, toda vez que miles de peruanos pudieron recibir las donaciones que fueron trasladadas vía marítima de puerto en puerto, tales como alimentos no perecibles, agua, medicinas, carpas; permitiendo apoyar a miles de personas damnificadas.
Asimismo, una solución a los retos logísticos que enfrentan nuestros exportadores y que permitiría dinamizar los diferentes puertos del país, es el servicio de cabotaje; donde naves nacionales y extranjeras pueden llevar mayores volúmenes de carga por el mar. Ello sería de gran utilidad para miles de empresas exportadoras, que contarían con una alternativa diferente al transporte terrestre que generalmente se ve afectado por los desastres naturales como el fenómeno El Niño y los conflictos sociales, además de la inseguridad en las carreteras.
La pregunta que se cae de madura es: a partir de la experiencia positiva del 2017 y múltiples beneficios que traería para el país, ¿no es el momento de implementar un servicio de cabotaje marítimo en el Perú? La respuesta también se cae de madura: es urgente.
Por ello, debe aprobarse en segunda votación el PL 5175/2022-PE, que promueve el cabotaje marítimo de carga y pasajeros, lo cual descongestionaría las carreteras, facilitando el comercio; reduciría los costos de transporte y evitaría demoras en el ingreso a puerto, lo cual nos convertiría en un país más competitivo. No cometamos errores del pasado creyendo que una actividad como ésta es solo para empresas nacionales, esa historia la conocemos hace muchos años y nada ha cambiado. El Congreso tiene la última palabra.