La asignación y respeto del derecho de propiedad es un concepto inseparable de la economía moderna y el desarrollo. En determinadas industrias, ello resulta de especial relevancia, a fin de evitar lo que comúnmente se denomina como tragedia de los comunes, en donde ante la ausencia de derechos de propiedad individuales, nadie se preocupa de cuidar el bien compartido y gestionarlo con una mirada de largo plazo, pudiendo ocurrir la tragedia de su desaparición.

Este es el caso de la pesquería, en la que cuando no hay derechos asignados, los incentivos de los actores no están alineados con la sostenibilidad. A fines de enero nos visitó el historiador y filósofo islandés Hannes Gissurarson, quien participó en los ochenta en la implementación del sistema de cuotas individuales en la pesquería de Islandia, y desde entonces es un importante estudioso del tema. Recordemos que en el 2009 se implementó en la pesca industrial de anchoveta un sistema de cuotas individuales, en el que cada embarcación tiene derecho a pescar una proporción de la cuota.

Es interesante la similitud entre la implementación del sistema de cuotas en Perú con aquel de Islandia: en ambos casos se pasó de una carrera por pescar –denominada carrera olímpica en Perú y Derby en Islandia– a un sistema de cuotas individuales. En ambos casos, las cuotas fueron asignadas principalmente en función de pesca histórica y, en los dos, se pone énfasis en controlar y monitorear los desembarques.

Según resaltó Gissurarson, mientras más permanentes los derechos, más alineamiento habrá para que los actores se preocupen por la sostenibilidad. Lamentablemente, en el caso de las pesquerías artesanales aún hay mucho por hacer. Es común escuchar que nuestras principales especies comerciales aparecen ahora en menor tamaño y menor abundancia.

Sin duda, la sostenibilidad de las pesquerías artesanales requiere medidas urgentes. Entre ellas, el combate a la construcción ilegal de embarcaciones, la determinación de tallas mínimas y vedas para las principales 100 pesquerías, y también la asignación de derechos de uso.

Respecto de lo último, cabe resaltar que los permisos de pesca artesanal se asignan para el nivel nacional, con lo cual tenemos un claro problema de tragedia de los comunes. Son frecuentes las noticias en que pescadores de determinada zo na se quejan de que vienen pescadores de otra y utilizan malas prácticas y no se preocupan por la sostenibilidad.

Como ellos señalan, los pescadores artesanales de vocación ven amenazada su actividad por las malas prácticas de “pescadores de ocasión”. Debemos avanzar hacia derechos de uso zonales, de modo que en determinada caleta solo puedan pescar los pescadores de la misma, y por tanto se conviertan en los primeros en velar por el respeto de vedas y tallas mínimas, así como por la utilización de buenas prácticas de pesca. En Chile, cuentan con derechos de uso territorial para las pesquerías artesanales.

El área marina adyacente a la costa (aproximadamente 300 metros) se asigna a una organización de pescadores artesanales, cuyos miembros tienen el derecho exclusivo para explotar recursos en el área asignada. Ellos deben contar con un comité y plan de manejo, en el que se regulan esfuerzo pesquero, cuotas a pescar, vedas, entre otros. La asignación de derechos de uso en la pesca no debe ser exclusiva de pesquerías industriales como la merluza y la anchoveta, sino que debe ampliarse para que todos los actores de esta actividad estén alineados en el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos pesqueros.

Resulta inaceptable que los esfuerzos de la OCMA por sancionar a jueces que incurren en probadas irregularidades estén luego sujetas al análisis de otro juez, colega del quejado, que puede absolverlo de toda sanción. Por el bien del Poder Judicial y del país, esperamos que se rechace de plano lo pretendido por la jueza, ya que lo contrario sería negar a la sociedad peruana la existencia de una vía para cuestionar la actuación de jueces.

Como se discutió además en el evento antes referido de Proética, debemos construir una OCMA con magistrados especializados en control, que no tengan luego la intención del ejercicio jurisdiccional. Así se podrá tener la especialización y la independencia requeridas para un buen ejercicio de su función.

Fuente: Diario Gestión