Desde que uno tiene uso de razón, escucha de las serias deficiencias del sistema de justicia peruano y la prioridad de su reforma. El ranking de competitividad del World Economic Forum del 2015 muestra lo rezagados que estamos: de 140 países, tenemos el puesto 130 en la eficiencia del marco jurídico en disputas y el 112 en independencia del Poder Judicial.
En un evento organizado por Proética hace unos días, se planteó que para mejorar el sistema de justicia resultan claves el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). Los problemas en el CNM han sido materia de discusión pública en los últimos meses; los de la OCMA son menos conocidos, pero también severos. Desde la Sociedad Nacional de Pesquería vemos de cerca los enormes problemas por afrontar, específicamente en procesos que combaten los permisos ilegales de pesca, que atentan contra la sostenibilidad de los recursos marinos. En uno de los casos más emblemáticos, la Contraloría General de la República emitió el Informe de Acción Simultánea Nº 1367- 2015-CG/PRODE-AS, que concluye que “(…) se han advertido hechos que ponen en riesgo el logro de los objetivos del proceso referido a cautelar la sostenibilidad de la actividad pesquera y de los recursos hidrobiológicos al pretender otorgar a una misma empresa tres veces los mismos derechos administrativos (…)”
Uno pensaría que un informe así frenaría la pretensión referida. Error. Lamentablemente, la empresa en cuestión y determinados magistrados han seguido insistiendo en su intención de materializar más resarcimientos. Es aquí donde no queda más que recurrir a la única vía que existe para cuestionar la actuación de los magistrados y procurar la idoneidad y desempeño ético de los operadores judiciales, que es la OCMA. Así, quejamos a la jueza Malbina Saldaña, quien personificaba la materialización del tercer resarcimiento, proceso en el cual luego de varios incidentes, la segunda instancia determinó que la jueza incurrió en una falta “muy grave” y le impuso una sanción disciplinaria.
La resolución de la queja de la OCMA la recibimos con mucho beneplácito, como la anchoveta recibe a las aguas frías que entran a nuestras costas luego de meses de lidiar con reveses de aguas cálidas.
Sin embargo, y aunque parezca kafkiano, la jueza ha presentado un amparo para que se deje sin efecto la sanción y medidas correctivas dictadas por la OCMA. Es decir, la jueza busca echar por la borda la única vía existente para combatirlas malas prácticas de los jueces. Más increíble aún es que la demanda haya sido admitida -y en tiempo récord- por el magistrado del 5toJuzgado Constitucional.
Fuente: Diario Gestión