En los últimos días diversas investigaciones periodísticas han dado cuenta de cómo Oscar Peña habría obtenido acceso a la actividad pesquera vía coordinaciones con jueces. Es decir, la justicia como bien transado, por la cual se habría obtenido autorización de pescar, sin importar las reglas ni la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

La embarcación emblemática de esta persona era la Doña Licha II, que podía pescar ajena al cumplimiento de la regulación pesquera que todos los actores formales deben obedecer para realizar una actividad sostenible y legal.

En este caso, los audios y el seguimiento policial permitirían conocer que la impunidad venía respaldada por indicios de corrupción judicial. Lamentablemente, este no es el único caso de impunidad en la pesca.Son varias las embarcaciones que pescan con permisos judiciales cuestionables.

La sostenibilidad de los recursos pesqueros requiere un combate férreo a la entrega de permisos de pesca vía judicial, y desde la Sociedad Nacional de Pesquería estamos comprometidos con ello. Como gremio empresarial hemos tenido malas experiencias con jueces, a quienes denunciamos ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y llegaron a ser sancionados. Sin embargo, luego de tres años de proceso se les levantó el castigo mediante una acción de amparo. Eso es una burla a la ciudadanía.

En este contexto, es de especial relevancia que el Tribunal Constitucional (TC) evalúe y se pronuncie respecto de la demanda competencial que el Poder Ejecutivo presentó hace tres años, para que se establezca que es competencia exclusiva del Ministerio de la Producción la asignación de permisos de pesca.

Esperemos una pronta actuación del TC en este tema para que se destierre la impunidad en la pesca, la cual afecta la sostenibilidad de nuestros recursos. Además, esperamos que la OCMA actúe de oficio, investigando los distintos casos de entrega de permisos de pesca vía judicial.