Ha contribuido a la sostenibilidad de la anchoveta, además de ayudar al ordenamiento de la pesca y a evitar la concentración en el sector, donde actualmente existen 411 empresas armadoras vinculadas al negocio.
En las últimas semanas, algunas voces han traído al debate público el tema de Ley de Cuotas para la extracción de la anchoveta, la cual ha sido reconocida por la comunidad internacional como un modelo de gestión sostenible del recurso pesquero.
En ese sentido, desde la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) consideramos importante comunicar los beneficios que ha generado esta normativa basada en experiencias exitosas, estudios y recomendaciones de organismos internacionales. Así, en el análisis realizado por nuestro gremio, la Ley de cuotas ha registrado impactos positivos en dos componentes: el de sostenibilidad y el social.
Por el lado de sostenibilidad, la norma redujo la presión sobre la anchoveta, tanto en días de pesca como tamaño de flota. Además se mejoró la eficiencia en la producción de harina (menos anchoveta para producir un TM de harina), se implementaron mejoras significativas en temas ambientales y se contó con un mayor control y vigilancia.
En el componente social, el sueldo de los pescadores industriales aumentó más de 100%, se impulsó un programa de Reconversión Laboral a través de la creación del Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero (Foncopes), y se materializó el aporte extraordinario para atender la problemática de jubilados que quedaron desamparados por la quiebra de la Caja de beneficios y seguridad del pescador.
Dado que existen confusiones en torno a esta normativa, es importante remarcar que la Ley de cuotas no tiene plazo de vencimiento por tratarse de una Ley de Ordenamiento Pesquero. Lo único que caduca este año es el aporte social de US$ 1.95 por TM de pescado descargado, creado para atender problemática de jubilados afectados por quiebra de caja del pescador, y cuya prórroga se encuentra en manos del Congreso de la República.
La Ley de cuotas ha contribuido, sin lugar a dudas, a la sostenibilidad de la anchoveta, además de ayudar al ordenamiento de la pesca y a evitar la concentración en el sector, donde actualmente existen 411 empresas armadoras vinculadas al negocio.
Organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconocen la buena gestión pesquera que viene realizando el Perú con la anchoveta. Somos un ejemplo para el mundo.
En este contexto, consideramos que el debate y la preocupación deben centrarse en la necesidad de impulsar que más recursos pesqueros adopten este modelo para garantizar su sostenibilidad, ya que actualmente solo la anchoveta y la merluza lo tienen.
Con el crecimiento de la población, lo que se avecina es un mayor consumo de proteína a nivel mundial, la cual no podrá ser atendida solo con peces silvestres, sino con la acuicultura. Así, es sumamente relevante garantizar que los recursos que se extraigan del mar como el bonito, el perico, la caballa, entre otros, se realicen bajo un esquema que permita su adecuada renovación.
Sobre los pagos que se realizan al Estado peruano por el aprovechamiento de los recursos pesqueros, vemos con interés que se analice el tema, de tal manera que no solo la anchoveta realice aportes, sino que se hagan por la extracción de todos los recursos pesqueros.
Saludamos el análisis técnico sobre el tema, que nos permitirá comunicar mejor la realidad de la industria de ingredientes marinos, en que venimos pagando montos más que razonables, pues los distintos aportes representan más de 50% de la utilidad operativa.
Foto: TASA