El ecosistema marino del Perú es uno de los cinco más productivos del planeta, y por tanto, tenemos el reto de asegurar la biodiversidad marina que lo caracteriza. Sin embargo, lamentablemente aún persisten -a vista de todos- prácticas como la pesca negra, que atentan contra la sostenibilidad de los recursos, y mueven US$ 23,000 millones anuales a nivel mundial y US$ 130 millones en Perú.

Ello sucede porque en el sector pesquero existen una serie de vulnerabilidades, como la tasa elevada de ilegalidad en la extracción por parte de algunos barcos artesanales y de mediana escala, así como la inadecuada supervisión del procesamiento en plantas residuales y de reaprovechamiento.

A modo de ejemplo, a la fecha solo el 10% de la cuota de anchoveta asignada para Consumo Humano Directo –cuya pesca sigue realizándose a pesar del cierre para los barcos industriales- se convierte en conservas. ¿A dónde va el 80% restante? La respuesta cae de madura. En adición, está la producción ilegal de harina de pescado, con plantas identificadas principalmente en Pisco y Chimbote, las cuales deben ser erradicadas para siempre.

Para ello, se requiere la participación activa no solo de Produce, sino del Ministerio de Ambiente, la Fiscalía y la Policía Nacional. Cabe recordar que la pesca negra conlleva a delitos conexos como la trata de personas, el empleo infantil, y los daños ambientales. En suma, aquellos que practican esta actividad no son informales sino delincuentes. Es tiempo de actuar.

Foto: Andina