Esta semana, por ejemplo, se conoció una encuesta realizada por IPSOS por encargo de la ONG Oceana a un grupo de personas que viven en ciudades del litoral peruano. En ella, más del 90% de los encuestados considera que existe sobre explotación en el mar; una percepción que, desde la industria pesquera, venimos alertando como una realidad dentro de las primeras millas, que es donde se realiza la pesca artesanal.

Ello, ocurre porque a diferencia de la pesca industrial, que fue regulada acertadamente mediante la Ley de Cuotas, en la pesca artesanal y de menor escala existe un exceso de flota. Como evidencia, en el año 1995 existían alrededor de 6,200 embarcaciones artesanales y en la actualidad superan las 20,000; a pesar que se han dictado sendas prohibiciones para la construcción de nuevas embarcaciones desde el año 2006.

Por otro lado, un factor que contribuye con esta sobre explotación -al depredar los recursos- es la pesca ilegal, factor que lamentablemente no ha sido recogido por la encuesta en mención.

Por ello, consideramos que lo que verdaderamente necesitan nuestros pescadores artesanales para evitar la sobre explotación de los recursos es una regulación que se ajuste a su actividad, con un adecuado dimensionamiento del esfuerzo pesquero y contar con una estricta fiscalización que evite la sobre explotación de los recursos y la pesca ilegal. En suma, hay mucho por hacer para evitar la sobre explotación de los recursos pesqueros en especial en las primeras 5 millas. Quizás la mejor manera para abordar esta problemática sea contar la verdadera historia y no narrar verdades a medias.

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Sin embargo, no todo es tan malo. Existen sectores que sí han avanzado mucho respecto a la mitigación de los efectos del cambio climático. El sector pesquero, por ejemplo, lo ha incluido en su agenda desde hace más de una década y ha implementado un sistema de información y monitoreo denominado Pescadata SNP, mediante el cual se recolecta información del ecosistema a través de la tripulación de las embarcaciones pesqueras industriales, que está disponible de forma gratuita para los tomadores de decisión y la academia para un adecuado manejo de las pesquerías.

Por otro lado, se ha invertido más de US$ 500 millones en tecnología con la finalidad de mitigar los efectos del cambio climático, lo cual se traduce en acciones concretas como el cambio de matriz energética a gas natural y construcción de sistemas de tratamiento de efluentes, así como el cambio total del sistema de secado a fuego directo por uno de secado a vapor.

Lamentablemente, ello no ha ocurrido en todos los sectores y menos en la administración pública. Así, por ejemplo, debido a las malas gestiones e inestabilidad política de los últimos años, solo se ha invertido el 25% del presupuesto de la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios en obras de prevención; lo cual resulta insuficiente para mitigar los efectos desbastadores que el ciclón Yaku viene dejando tras su paso.

Esta es la verdad incómoda que nos duele a todos y nos debería llevar no solo a reflexionar, sino a comprometernos con acciones concretas que tengan por finalidad evitar que esta mala historia se vuelva a repetir.

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y peor aún, en el presente año y sin ninguna justificación técnica, la cuota asignada a la flota industrial para la captura de los recursos jurel y caballa sólo alcanzan para tener operativas las plantas de procesamiento dos meses al año. Esto implica que en el resto del año las plantas se encuentran subutilizadas, lo cual las hace inviables en el mediano y largo plazo; poniendo en riesgo el empleo formal de 50 mil personas, en especial empleo femenino.

Por si lo expuesto fuera poco, esta mala decisión afecta a todos los peruanos. Ello debido a que cuando la flota industrial se encuentra en temporada de jurel y caballa, podemos apreciar abundancia de estos recursos en el mercado; llegando a costar, por ejemplo, el kilo de jurel tan sólo S/ 2. Ello reduce inmediatamente la presión sobre el consumo de pollo, el cual bordea los S/ 11 el kilo.

Así, de otorgarse cuotas adecuadas y bien sustentadas de jurel y caballa a la flota industrial, no solo se podría mitigar la crisis alimentaria por la que atraviesan miles de familias peruanas, sino que además contribuiría a reducir la inflación; que en febrero último alcanzó el 9%, el nivel más alto de los últimos 8 meses.

Cómo es evidente, en el escenario actual nadie gana, más bien, todos perdemos. Sin embargo, estamos aún a tiempo de enmendar esta mala decisión si se amplía de una vez por todas la cuota de jurel y caballa, recursos que abundan hoy en día en nuestro mar, en beneficio de miles de peruanos.

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Sin embargo, y pese a ello, en Puno, 7 de cada 10 niños sufre de anemia y el consumo de pescado promedio por habitante en dicha región no alcanza siquiera los 10 kilos al año, a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando para promover la actividad pesquera y acuícola.

En este contexto, no se entiende cómo el pasado sábado, un grupo de vándalos atacó la empresa Piscifactorías de los Andes S.A. (Piscis), destruyendo por completo su centro de producción acuícola en la localidad de Chacras, acabando con toda la producción de trucha (200 toneladas); que, en base a años de esfuerzo, habían logrado cultivar, perjudicando el empleo de cientos de peruanos y atentando contra la seguridad alimentaria de miles de compatriotas.

Este hecho no puede ni debe quedar impune. Por el contrario, nuestras autoridades deben concluir las investigaciones y sancionar de manera ejemplar a los responsables de estos actos violentos que nada tienen que ver con protestas sociales; y, que más bien, nos recuerdan las épocas más oscuras y violentas por las que lamentablemente atravesamos hace más de 30 años.

La violencia jamás podrá ser justificada, como algunos pretenden, como un instrumento de cambio. A ellos les decimos con firmeza y convicción que los cambios se hacen mediante el diálogo y el respeto. La violencia solo genera más pobreza.

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En efecto, en enero del año pasado, sucedió el mayor desastre ecológico en el Perú (calificado así por la ONU) originado por el derrame de 12 mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla por la empresa Repsol; un hecho que el ruido político ha desplazado a pesar del enorme impacto que ha tenido en lo ambiental, social y económico. Hecho que, además, deberíamos tenerlo presente para evitar que se repita la misma historia.

Ello queda claramente demostrado en el reciente informe publicado por Environmental Defense Fund (EDF) y ConCiencia Marina, el cual señala que a la fecha no se habrían terminado de reparar los daños causados al ecosistema ni a las 62 playas afectadas; y aún existirían comunidades pesqueras ribereñas impactadas por el desastre que requieren ser atendidas. Al respecto, cabe precisar que si bien están en proceso una serie de acciones legales en contra de la empresa, que involucran importantes indemnizaciones, lo fundamental es brindar una solución para los pescadores artesanales; que además -como señala el informe- han visto perjudicada su salud emocional.

El cuidado del ecosistema marino y la protección de nuestro mar, que es el quinto más productivo del mundo, es un pilar fundamental para el sector pesquero; así como el desarrollo y cuidado de nuestras comunidades cuyo sustento depende de lo que nuestro mar ofrece. Que la crisis política que venimos atravesando no siga dejando de lado estos temas de vital importancia para el desarrollo futuro de nuestro país.

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Al respecto, es importante señalar que la temporada que acaba de concluir nos ha dejado importantes aprendizajes; ratificando que para garantizar el éxito de cualquier temporada es fundamental tomar decisiones oportunas, más aún en una actividad como la pesquera que depende, principalmente, de factores incontrolables como las condiciones oceanográficas.

En efecto, como lo advertimos en su oportunidad, la temporada 2022-2 empezó de manera tardía a finales de noviembre; lo cual, como era de esperarse, complicó las faenas de pesca. Y es que cualquier pescador sabe que no es igual pescar en noviembre que en enero debido a factores vinculados a la temperatura del mar, oleajes, el desove, entre otros. Así, mientras que entre noviembre y mediados de diciembre el mar presentaba condiciones frías -lo cual es favorable para la pesca- en enero ello cambió a condiciones neutras y cálidas lo que afectó severamente la actividad pesquera.

Por ello, esperamos que dada esta experiencia, las próximas temporadas se abran de manera oportuna a fin de seguir contribuyendo con la seguridad alimentaria, la generación de empleo formal e ingresos importantes para nuestros tripulantes y trabajadores; y en general para todos los peruanos, por las importantes divisas que genera la actividad pesquera industrial. Así, solo en esta temporada se han generado más de US$ 1,000 millones para el fisco peruano, los cuales esperamos sean utilizados para cerrar las brechas sociales. Por ello, con orgullo decimos: Tarea cumplida.

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Así, mientras que nuestro vecino país del norte captura más de 220 mil TM de atún por año, nuestro país solo captura alrededor de 10 mil TM. Sin embargo, esta situación podría cambiar rápidamente si nos enfocamos en promover políticas públicas que impulsen esta industria en beneficio de todos los peruanos.

En este contexto, es fundamental abordar el costo del combustible, que en nuestro país es casi tres veces mayor al que tiene Ecuador, lo cual hace imposible pescar este recurso cuando se aleja de la costa, un hecho que ocurre 9 meses al año. Por ello, para que la industria atunera peruana despegue y genere capturas de alrededor de 100 mil TM por año, es necesario establecer un sistema de reintegro tributario del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al combustible.

De esta manera, en cinco años, el Perú se convertiría en una potencia atunera y podría cubrir el 70% de la demanda local -que hoy depende de Tailandia y Ecuador-, cuadruplicando los puestos de trabajo que beneficiarían a más de 70 mil personas, en especial mujeres de la región norte de nuestro país. Así, el Perú produciría localmente más de 3.5 millones de cajas de conservas de atún y hasta podría cuadruplicar sus exportaciones, generando más de US$ 200 millones en divisas. Además, los ingresos generados por esta industria permitirían triplicar la recaudación tributaria a través de una serie de impuestos como IGV, ISC, IR.

En suma, tenemos la gran oportunidad de convertir a la industria atunera peruana en una potencia. La pregunta es: ¿Pa cuándo?

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Un factor que perjudica, sin duda, el consumo de jurel por parte de la población es que en los últimos años -a pesar de existir disponibilidad del recurso- PRODUCE viene estableciendo sin mayor sustento técnico cuotas reducidas de captura de jurel para la flota industrial.

De otorgarse cuotas adecuadas y bien sustentadas a la flota industrial, el jurel podría llegar a la mesa popular a precios muy accesibles. Ello, no solo contribuiría a resolver en parte la crisis alimentaria por la que atraviesan miles de peruanas y peruanos en situación de vulnerabilidad, sino que además contribuiría a reducir el precio del pollo; y, en consecuencia, a bajar la inflación.

Por ello, es fundamental que en los próximos días se defina de manera técnica la asignación de la cuota de jurel, toda vez que este recurso, de no ser pescado a tiempo en nuestras aguas migra velozmente hacia Chile o Ecuador por su condición de ser una especie transzonal. Y es que a diferencia del cartero que llama dos veces, el jurel llama solo una vez.

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Sin embargo, los peruanos que queremos paz en nuestro país somos y seremos siempre muchos más. Entendemos las necesidades postergadas de miles de ciudadanos y la frustración que ello conlleva. Pero ello, como nos lo recuerda la historia, no se soluciona con violencia. La violencia solo trae más violencia y destrucción, truncando los sueños de miles de familias.

De ahí que, aunque suene trillado, la solución a la postergación pasa por el diálogo. Un diálogo sincero; sin amenazas de ninguna de las partes donde podamos, por un lado, escucharnos y, por el otro, reencontrarnos para construir juntos y unidos el país en el que todos queremos vivir.

En este reencuentro tenemos necesariamente que pasar de las mesas de diálogo a las mesas de acción que tengan por finalidad, en el muy corto plazo, atender las necesidades desatendidas con recursos claramente asignados y fechas de entrega que sean por todos auditados.

Si todos empujamos en ese sentido, lo lograremos. El Perú siempre ha sido y será mucho más grande que sus problemas y ello porque al final siempre los que hemos estado por el lado de la paz, hemos sido muchos más.

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En efecto, la Ley de Cuotas (DL 1084), es el instrumento mediante el cual PRODUCE establece el Límite Máximo Total de Captura Permisible del recurso anchoveta para el Consumo Humano Indirecto (CHI) en cada temporada de pesca tras revisar el informe científico del IMARPE, que contiene los resultados del crucero de evaluación, como la situación de la biomasa y las condiciones oceanográficas.

Por ello, para garantizar la sostenibilidad del recurso y el éxito en cualquier pesquería, deben fijarse cuotas en función de la disponibilidad del recurso y del récord de pesca. En base a ello y a los buenos resultados que se generaron con el establecimiento de las cuotas de pesca en la pesquería de anchoveta, creemos que este instrumento podría extenderse a otras pesquerías, como la caballa, pota o bonito; así como para la pesca artesanal de anchoveta; para lo cual será necesario considerar la situación del recurso y los récords históricos de capturas.

Establecer cuotas sin saber cuánto se viene pescando es un despropósito. Asimismo, ampliar cuotas sin analizar las capturas y los desembarques, como propone un proyecto de ley en el Congreso, solo fomentaría la pesca ilegal en perjuicio de los propios pescadores artesanales, el medio ambiente y las arcas fiscales. No cometamos los errores del pasado que nos hagan retroceder en lugar de avanzar hacia la sostenibilidad.

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