Según un análisis de Ernst & Young, estos aportes o sobrecargas hacen que el sector destine el 50.4% de su utilidad operativa para estos pagos, lo cual resulta superior a las cargas de otras industrias extractivas, que por cierto ya son altas. Es más, en los últimos años estas sobrecargas se han incrementado en casi 300%.

De ahí, la necesidad de reducir estos sobrecostos, pues en el contexto actual – donde debemos sumarle el Coronavirus – la competitividad de este sector está en juego. Así, contrariamente a lo que se piensa, la industria pesquera ni gana mucho ni paga poco.

Es más, hoy la industria se encuentra fuertemente apalancada y con una rentabilidad deteriorada, por el cierre abrupto de la temporada en la zona norte, la no apertura en la zona sur, la falta de ampliación la de cuota del jurel y la inactividad para el desarrollo de la industria atunera.

Una medida que ayudaría a una reducción real de estos sobrecostos está referida al pago del Programa de Control y Vigilancia, el cual debería ser asumido íntegramente por PRODUCE, más aún cuando los derechos de pesca se han incrementado en más del 70%.

Así como una sobrecarga eléctrica puede ocasionar el colapso del sistema, las sobrecargas regulatorias pueden generar que el segundo motor de la economía peruana -que es la pesca- se apague. Quedamos advertidos.

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Al respecto, la industria pesquera anticipándose a esta regulación- desde hace varios años va dando pasos firmes en esa línea, de manera proactiva y voluntaria. Así, una muestra de economía circular, es que para producir 1TM de harina de pescado, solo se utiliza en promedio 4.2 TM de anchoveta, en lugar de 6TM que se usaban en el pasado. Ello se ha logrado porque se recupera el 100% de la sanguaza, agua de cola, así como aceites y grasas. Estos productos que antes se desechaban, hoy se reutilizan por completo.

Otro ejemplo de economía circular es el sistema de secado a vapor que se utiliza en el proceso de harina de pescado. Esta tecnología permite que los gases calientes que se producen en dicho proceso se utilicen como energía, con lo que se reduce en 25% el uso de combustibles fósiles, lo que a su vez implica menos gases de efecto invernadero.

Asimismo, cada planta pesquera cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales que les permite reutilizar el agua y atender el riego de sus áreas verdes y pistas sin asfaltar. Pero no solo eso, también se transforman los residuos provenientes de la limpieza de las plantas, los fondos de tanques y la harina de barrido, en un fertilizante de buena calidad denominado Aprocompost.

Como vemos, la industria pesquera peruana está un paso adelante y ha alcanzado estándares de eficiencia y economía circular comparables a las mejores plantas europeas. Nuestro reto, es ir por más.

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En general, la pesca ilegal esta acompañada por problema de contaminación, en que los actores no solo cumplen las normas de captura sino también las ambientales. Es decir, todo un circulo vicioso del mal.

En el caso peruano, desde 2009, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) ha alertado con preocupación que el esfuerzo de la pesca artesanal en el país sigue creciendo y pone en riesgo la sostenibilidad de los recursos. Así, a pesar de que actualmente esta prohibida la construcción de nuevas embarcaciones, lamentablemente se siguen construyendo de manera impune para luego salir a pescar de manera ilegal.

De acuerdo a lineamientos de la FAO, no se debe autorizar un mayor esfuerzo pesquero para las pesquerías plenamente explotadas, pues ello implica atentar contra su manejo sostenible. La misma organización internacional resalta que el control del esfuerzo pesquero es una de las medidas mas importantes para la adecuada gestión de las pesquerías.

Resulta relevante frenar la construcción ilegal de embarcaciones, lograr plena trazabilidad en la pesca de las embarcaciones grandes y pequeñas, y hacer mandatario el uso del sistema satelital para las embarcaciones al menos las de mas de 10m3-, de tal forma de vigilar que pesque quién, cuándo y donde hay autorización.

En este contexto, son claves dos normas aprobadas en el 2018 en Perú: el Decreto Legislativo N°1392 referido a la formalización de las embarcaciones existentes sin permiso, en que se les dará acceso a pesquerías que no estén plenamente explotadas; y, el Decreto Legislativo N°1393 referido a la interdicción, que apunta a poder ser mas eficaz frente a la construcción ilegal de embarcaciones a futuro, y en general frente a la pesca ilegal.

Este marco normativo sumado a las acciones de control que se están realizando por parte del Estado configura un escenario favorable para frenar, de una vez por todas, la pesca ilegal.

Enfrentarse a esta actividad no es ni sera tarea fácil pues se encontrara una resistencia de aquellos que se encuentran en la ilegalidad. Por eso sera necesario que en esta batalla los trabajadores formales trabajen junto al Estado en sus distintos estamentos, tanto el Ministerio de la Producción -a cargo de la pesca-, como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, gobiernos regionales, asi como Ministerio Publico y Poder Judicial.

Está además la pesca en mar peruano, cerca de las 200 millas, en que flota extranjera hace incursiones no autorizadas para capturar recursos pesqueros. La tecnología y la web Global Fishing Watch permiten ver que son cerca de 500 barcos extranjeros que pescan frente a nuestras costas, algunos de los cuales ingresan a nuestro mar y otros se vuelven fantasmas al presumible mente apagar su dispositivo de seguimiento. Es importante que los países bandera de la flota que pesca en mares distantes asuman liderazgo en procurar las buenas practicas de sus embarcaciones y pescadores.

No más construcción de embarcaciones ilegales. No más astilleros ilegales. No más pesca ilegal. Si a la sostenibilidad de nuestras pesquerías. Dejemos a las demás generaciones la posibilidad de conocer lo maravilloso que es el mar y las especies que viven en él.

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Llamó más mi atención que no fuese el cambio climático o la variabilidad ambiental la razón de ello, sino la incertidumbre sobre cambios en la regulación en el sector.

No podría coincidir más con este hallazgo, en particular en el contexto peruano actual. Y es que a pesar de que la industria pesquera nacional ha tenido cuatro años de pérdidas -y solo uno para empezar a recuperarse–, y que en ese periodo los aportes y pagos no disminuyeron sino que se multiplicaron hasta llegar a 50% de la utilidad operativa según acredita Ernst & Young, el Ministerio de la Producción (Produce) y algunos congresistas buscan aumentar aún más los cargos –cada uno por su cuenta–, en proporciones que llevarían a la industria a una situación de insolvencia.

Produce –en anterior gestión– plantea multiplicar por cuatro los derechos de pesca, en tanto que congresistas plantean multiplicar por diez los aportes sociales por la quiebra de la Caja del Pescador. Ello a pesar de que, como señala el Ministerio de Justicia, no es responsabilidad de la industria financiar el ahorro previsional ni asumir las consecuencias de malos manejos de un sistema que no estaba a su cargo, sino que corresponde a cada persona ahorrar para su jubilación.

Para ambos actores el cambio climático y el impacto del fenómeno de El Niño recurrente en nuestro mar no existen, así como tampoco los costos reales que enfrenta la industria ni la competencia.

Estas propuestas sin sustento conllevan a que las empresas y sus profesionales distraigan recursos y tiempo de generar más riqueza y productividad, a sustentar con informes técnicos y legales –debidamente documentados– la irracionalidad de las mismas.

Hablamos de competitividad y desde el Gobierno se presenta una política para ello, pero se plantean medidas confiscatorias y discriminatorias –según señala Macroconsult–, que no se sustentan en costos reales según acredita Apoyo Consultoría–, ni análisis de impacto ni de su efecto en nuestra posibilidad de enfrentar la competencia.

La industria de ingredientes marinos siempre ha estado de acuerdo en pagar por su acceso al recurso, lo cual ha venido realizando todos los años, a pesar de tener pérdidas. Y ha venido pagando montos crecientes, que hoy están por encima de lo que paga cualquier competidor.

Desde la SNP, consideramos que la propuesta para nuevos derechos de pesca debe tomar en cuenta los costos reales que tiene la industria, según la información auditada que ha sido alcanzada al Ministerio de la Producción y que la Sunat puede validar; y aplicar un mayor pago cuando recién exista renta económica.

Asimismo, consideramos que se debe aplicar un derecho de pesca equivalente a 30% de renta económica al igual que en el resto de pesquerías, como figuraba en la primera propuesta prepublicada, y no el 50% como ahora lo han planteado, pues resulta un trato discriminatorio.

Necesitamos regulación predecible y cargos razonables, que no pongan en riesgo la viabilidad de empresas y empleos ni el bienestar de las familias pesqueras.

Foto: SNP Comunicaciones

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En 2002 se declaró a la Caja en emergencia y se dispuso su reestructuración. Luego de 16 meses en que no pagaba pensiones, en 2010, la SBS declaró su disolución e inició su proceso de liquidación integral.

Según lo informado por la SBS a la Comisión de Producción del Congreso, a 2018, los montos pendientes de cobrar estaban en procesos judiciales, en que había US$0.8 millones de aportes anteriores a 2014 y US$2.5 millones contra el MEF.

Así no fue que los armadores no cumplieron con determinados pagos, sino que el fondo tenía un problema estructural de diseño, por ser un sistema de reparto que no podía financiarse en el tiempo, debido a que pagaba pensiones que no guardaban relación con los aportes.

En 2001, el informe citado líneas arriba señalaba que “la única salida viable para asegurar las pensiones (…) es que el Estado asuma parcialmente el faltante en los costos de traslado, ascendente a US$87 millones”. Sin embargo, como se sabe, son aportes de las empresas los que vienen solventando el régimen existente.

Aplicar un diseño similar al régimen existente – como se ha propuesto en diversos proyectos de ley– traerá las mismas consecuencias que le trajeron a la Caja: la insolvencia del régimen y el desamparo de los jubilados. No repitamos los errores.

Foto: Caja del Pescador

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Escribo este artículo para manifestarles que las mujeres pensamos igual: queremos meritocracia y que se tomen en cuenta capacidades. Sin embargo, lamento informarles que la meritocracia no se da.

A nivel general, las cifras del INEI muestran que existe una brecha salarial importante entre hombres y mujeres, que en promedio ganamos 29% menos. Si hubiera meritocracia, lo que se esperaría es una paridad salarial.

En los directorios, la participación de las mujeres es de 7% en Perú. ¿Alguien puede defender que 93% de las veces la mejor opción fue un hombre? Difícil sostener que realmente solo se consideraron las capacidades.

Así, no se trata de que las mujeres queramos que nos den oportunidades que no nos corresponden, sino que la realidad muestra que bajo el telón de “meritocracia” se esconden sesgos conscientes e inconscientes que favorecen a los hombres.

Por ello, se recomienda que en cada terna de candidatos haya al menos una mujer, que entre los evaluadores haya al menos una mujer y otras medidas que buscan evitar los sesgos.

La otra opción es no hacer nada, y ello nos llevaría a que recién en 100 años se logre una igualdad de oportunidades.

Como mujeres que enfrentan la discriminación, como hombres que son padres, hermanos y colegas de mujeres que la enfrentan, y como sociedad en general, no podemos permitir que ese sea el ritmo al que avancemos.

Tomemos acción y vayamos con paso firme hacia una verdadera meritocracia.

Foto: Pesquera Diamante

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A este escenario hay que sumarle que la situación financiera no ha sido la mejor en los últimos cuatro años. Durante el periodo 2014-2017, la industria se vio fuertemente golpeada por diversos motivos. Uno de estos fue la considerable caída de los desembarques, lo cual implicó una importante disminución de retornos, así como un mayor apalancamiento.

Según un informe de Apoyo Consultoría, existe claramente una reducción del margen operativo de las empresas pesqueras en quince puntos porcentuales durante el periodo 2008-2017, en línea con la caída de los desembarques. Asimismo, los indicadores de rentabilidad como margen neto, rentabilidad sobre activos (ROA) y rentabilidad sobre patrimonio (ROE) se deteriorar on significativamente.

Al respecto, América Economía Intelligence informó que la industria pesquera en general ha tenido una rentabilidad negativa o casi cero durante el periodo 2012-2017.

La situación descrita ha generado que, durante el periodo 2008-2017, el precio de las empresas pesqueras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima registre una caída de más de 60%.

Como vemos, existen varios aspectos que se deben valorar a la hora de gravar a esta industria que genera divisas y empleo, dinamizando a las ciudades costeras. El 2018 fue un buen año, pero una golondrina no hace el verano.

Foto: TASA

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Según un análisis de Ernst & Young, la industria de harina y aceite de pescado destina el 50% de su utilidad operativa a estos aportes y el pago de tributos, lo cual resulta superior a lo pagado por otras industrias extractivas, que por cierto ya pagan bastante.

Un derecho de pesca mal fijado no afecta solo a las grandes empresas, sino también a las medianas y pequeñas, que en años de bajo volumen tendrán que endeudarse para pagar derechos de pesca aún mayores.

También afecta a los trabajadores, quienes recibirán menos utilidades -cuando existan- e, incluso, enfrentarán el riesgo de la inviabilidad de sus empresas que pondría en peligro la estabilidad de sus empleos.

Produce ha propuesto incrementar el derecho de pesca de la anchoveta en 300%. Ello llevaría el pago de derecho de pesca y otros aportes de $15 a $26 por TM. Es decir, ya pagamos más que toda nuestra competencia, y con lo propuesto pasaríamos a pagar el doble.

Es paradójico que a semanas de haberse presentado un Plan de Competitividad por parte del Gobierno, en el sector pesquero se publique una propuesta que lo que hace es remar en contra. Si queremos competitividad y mantener uno de los pocos mercados en el que Perú es líder a nivel mundial, es necesario repensar el tema.

Foto: TASA

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Anualmente, el Perú realiza por lo menos dos evaluaciones: una en febrero-marzo y la otra en agosto-setiembre, a fin de conocer la situación de este recurso, determinar su biomasa, monitorear el proceso reproductivo y estimar en qué momento podría iniciarse la temporada de pesca y con qué cuota.

En la Sociedad Nacional de Pesquería coincidimos en que el monitoreo continuo de la anchoveta basado en ciencia y data es crucial para una explotación responsable que garantice su sostenibilidad.

De acuerdo con Produce, este crucero, que tendrá 43 días de duración, contará con la participación de los buques científicos BIC José Olaya Balandra, BIC Humboldt, las lanchas pesqueras Imarpe IV e Imarpe; así como el apoyo de embarcaciones industriales privadas para poder ampliar la cobertura del muestreo.

Al respecto, cabe precisar que nuestros barcos han sido puestos a disposición del ente científico, que será el encargado de dirigir estas operaciones. Así, una vez más, Perú es ejemplo mundial de gestión pesquera sostenible.

Esperamos tranquilos los resultados del crucero, convencidos en que ante todo debe priorizarse la sostenibilidad de la anchoveta. Sin ella, nuestra industria no tendría valor. Como decimos siempre: La ciencia por delante.

Foto: Produce

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¿Qué significa esto? La elaboración de un reporte GRI implica identificar y priorizar los grupos de interés de la industria, así como entender sus preocupaciones respecto de la sostenibilidad de nuestras actividades.

Al 2017, solo 50 grandes empresas en el Perú reportaron su trabajo bajo esta metodología. Una de estas empresas es nuestra asociada TASA, que en el 2018 cumplió 10 años de presentación de sus reportes de sostenibilidad GRI.

Mediante estos reportes, se informan las acciones, el nivel de desempeño económico, la relación con las comunidades locales y el compromiso ambiental, entre otros aspectos.

Otras asociadas como Austral Group y CFG Copeinca utilizan los indicadores GRI de manera regular en la elaboración de sus reportes anuales, mostrando así su compromiso con la transparencia.

Este reporte nos permitirá como SNP mostrar -al Perú y al mundo- que la industria pesquera peruana es la primera interesada en la sostenibilidad de los recursos, que realiza una actividad responsable con el ambiente y que mantiene una convivencia armoniosa con la población que vive en las zonas pesqueras. Nos permitirá también priorizar acciones para estar cada vez mejor en sostenibilidad, y responder a las preocupaciones y planteamientos de nuestros grupos de interés.

Foto: GRI

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