En efecto, para nadie es un secreto la existencia de plantas de harina ilegal en Pisco y en Chimbote que operan a vista y paciencia de las autoridades.

Como bien ha señalado Oceana, entre el 2012 y el 2016, se exportaron 68 mil TM de harina de pescado más que lo producido de manera legal. Esto representa en promedio 13 mil TM anuales de harina ilegal, necesitando 60 mil TM de anchoveta aproximadamente para ello.

Así, si estas toneladas de anchoveta se hubieran destinado para el consumo humano directo, como debió ser su destino, se hubiese podido distribuir a la población más de 100 millones de latas de conservas de anchoveta cada año, cosa que lamentablemente no ha ocurrido en perjuicio de todos los peruanos, en especial de los más vulnerables.

Por ello, si realmente queremos terminar con esta práctica, los gobiernos locales y regionales, en conjunto con PRODUCE y la Fiscalía, deberían convocar de inmediato a una mesa técnica para trazar una estrategia que convierta en acciones concretas la erradicación de estos patrones del mal.

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Tal es el caso del Proyecto de Ley, mediante el cual, se pretende habilitar la posibilidad de que las plantas de reaprovechamiento de recursos hidrobiológicos que existen en el Perú, puedan acceder también al procesamiento de la anchoveta para la elaboración de harina de pescado, beneficiando así a unos cuantos y promoviendo la pesca ilegal.

En efecto, de aprobarse una medida como la comentada, se alentaría la actividad de un mercado negro de supuestos residuos para abastecer dichas plantas, cuando en la actualidad, la capacidad para aprovechar estos residuos se encuentra incluso sobredimensionada.

Por otro lado, como lo hizo evidente un estudio de Apoyo Consultoría, el negocio de producción de harina ilegal en nuestro país, supera las 90 mil TM, lo que representa el desvío ilegal de más de 450 mil TM de anchoveta destinados al consumo humano. Siendo además una actividad altamente lucrativa, ya que se estima que representa más de 135 millones de dólares, que, por supuesto, no paga impuestos, no cumple con las regulaciones sectoriales ni ambientales y, por el contrario, confluyen otras actividades ilícitas como el lavado de activos.

Por ello, si bien es positivo que el proyecto en mención haya retornado a comisiones, esperamos que por el bien de nuestro ecosistema éste sea archivado. Somos testigos de varias iniciativas que vienen disfrazadas de buenas intenciones pero que lejos de resolver una problemática, atentan contra el ordenamiento del sector pesquero y la sostenibilidad de los recursos. Te conozco bacalao aunque vengas disfrazado.

FOTO:PRODUCE

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Por otro lado, mientras que el sector pesquero industrial genera más de 100 mil puestos de trabajo formales que a su vez originan 3 puestos laborales indirectos, la tasa de informalidad laboral en los otros sectores de la pesquería es en promedio del 91%, superando en casi 20 puntos la tasa de informalidad laboral de toda la economía.

Asimismo, mientras que la pesca industrial es supervisada y fiscalizada por el SISESAT, el Programa de Control y Vigilancia, la DICAPI, PRODUCE, SANIPES, ITP, la pesca informal y en especial la ilegal carecen de un sistema de fiscalización adecuado.

El reto, entonces, consiste en incorporar a este amplio sector de la pesca informal a la formalidad, y tener cero tolerancia para la pesca ilegal.

Para ello, existen algunas medidas que pudiesen tomarse de inmediato. Así, en primer lugar, se requiere una supervisión de las plantas de harina residual y las empresas de consumo humano directo que tienen, a su vez, plantas residuales.

Sin embargo, ello resulta insuficiente si es que no se implementan intervenciones a las plantas ilegales, a través de operativos de intervención focalizados en las zonas donde la captura de anchoveta es mayor, para lo cual se requiere una coordinación estrecha con la Fiscalía y el Poder Judicial.

Es importante señalar que una medida que contribuye a reducir enormemente la informalidad es la resolución del TC, publicada en setiembre de 2019, en la que ratifica a PRODUCE como la única autoridad que puede otorgar permisos de pesca.

En suma, mucho trabajo por hacer. No dejemos que la ilegalidad llegue a ser tan grande que ya no existan incentivos para la formalización y acabemos por mantener a una pesca nada saludable.

Así no juega Perú.

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Se trata de la sentencia en la que se establece al Produce como único ente competente para otorgar permisos de pesca en el país, al ser el órgano encargado de velar por el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y de cuidar la diversidad biológica de nuestro mar.

Así, hasta antes de esta decisión, existían quienes, al no obtener una cuota de pesca por la vía administrativa, buscaban obtenerla de forma ilegal y acudían al Poder Judicial a presentar acciones de amparo o procesos contencioso-administrativos fraudulentos.

Frente a ello, en la época del ministro Giuffra, el Produce decidió interponer una demanda competencial ante el TC, a la que coadyuvó la Sociedad Nacional de Pesquería.

Por ello, saludamos la decisión tomada por el TC, pues fortalece no solo la sostenibilidad de los recursos, sino que, además, representa una acción concreta en la lucha contra la pesca ilegal en el Perú.

Al respecto, cabe precisar que en el mundo la pesca ilegal genera pérdidas por más de $23,000 millones anuales, mientras que en el Perú esa cifra bordea los $130 millones.

Esto se traduce, además, en daños cuantiosos al medio ambiente, afectaciones a los derechos humanos, menores divisas e impuestos para los países, entre otros.

En este escenario, el fallo del TC pone fin a prácticas fraudulentas, por lo que se espera que no existan más amparos que desamparen nuestros recursos, ni cautelas temerarias.

Afortunadamente, llegó la hora de que se deje de perforar el sistema de reordenamiento pesquero que tantos buenos resultados ha generado para el Perú.

Caso cerrado.

Foto: PRODUCE

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En el caso de Perú, los datos también son preocupantes. Según un informe de APOYO Consultoría, entre los años 2015 y 2017, se desviaron 400 mil TM de pescado para producir harina ilegal por un valor equivalente a $130 millones anuales.

En este escenario, una de las principales líneas de trabajo de la Sociedad Nacional de Pesquería es el combate férreo a la pesca ilegal, debido al daño que esta actividad provoca a la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y a la economía del país.

Una muestra tangible es que no nos hemos quedado con los brazos cruzados, pues – además de denunciar estos casos- hemos avanzado hacia la trazabilidad. Así hemos logrado que todas las plantas de nuestras asociadas cuenten con la certificación IFFO RS, que garantiza que la materia prima utilizada en la producción tiene origen legal.

Asimismo, nuestros asociados tienen el compromiso de no participar directa ni indirectamente en la gestión y/o trámite ante instancias judiciales para la obtención de resoluciones que contravengan el ordenamiento pesquero vigente. El combate contra este enemigo público debe ser permanente.

Aunque el Decreto Legislativo 1393 es un buen comienzo, ya que ha otorgado a PRODUCE, Fiscalía y Dicapi facultades de interdicción contra la pesca ilegal y el desvío de anchoveta, aún está pendiente ver cuánto se ha avanzado. Quedamos atentos.

Foto: Andina

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Asimismo, uno de los principales objetivos de la SNP es combatir de manera frontal la pesca ilegal o “pesca negra”, por lo tanto, desde hace varios años, se acordó al interior del gremio pesquero que ninguno de sus asociados participe de manera directa ni indirecta en la gestión y/o trámite ante instancias judiciales, para la obtención de resoluciones que contravengan el ordenamiento pesquero vigente.

Y es que existen personas in escrupulosa que, a través de medidas cautelares fraudulentas, han obtenido autorizaciones indebidas para realizar la actividad pesquera.

Ante ello, la SNP no solo ha levantado su voz sino que, además, viene denunciando el otorgamiento de estos permisos de pesca irregulares y que presentan serios vicios de ilegalidad. Es más, se ha denunciado en varios casos a los magistrados que las han otorgado ante la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma).

Sin embargo, el Tribunal Constitucional podría poner fin a estas prácticas fraudulentas, si resolviese la demanda competencial que el Poder Ejecutivo interpuso hace más de tres años ante esta instancia, y que tiene por finalidad que se defina que el otorgamiento de los permisos de pesca es prerrogativa exclusiva del Ministerio de la Producción.

Lamentablemente, pese al tiempo transcurrido, esta demanda aún no ha sido resuelta. La hora de la decisión ha llegado.

Foto: Perú21

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En general, la pesca ilegal esta acompañada por problema de contaminación, en que los actores no solo cumplen las normas de captura sino también las ambientales. Es decir, todo un circulo vicioso del mal.

En el caso peruano, desde 2009, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) ha alertado con preocupación que el esfuerzo de la pesca artesanal en el país sigue creciendo y pone en riesgo la sostenibilidad de los recursos. Así, a pesar de que actualmente esta prohibida la construcción de nuevas embarcaciones, lamentablemente se siguen construyendo de manera impune para luego salir a pescar de manera ilegal.

De acuerdo a lineamientos de la FAO, no se debe autorizar un mayor esfuerzo pesquero para las pesquerías plenamente explotadas, pues ello implica atentar contra su manejo sostenible. La misma organización internacional resalta que el control del esfuerzo pesquero es una de las medidas mas importantes para la adecuada gestión de las pesquerías.

Resulta relevante frenar la construcción ilegal de embarcaciones, lograr plena trazabilidad en la pesca de las embarcaciones grandes y pequeñas, y hacer mandatario el uso del sistema satelital para las embarcaciones al menos las de mas de 10m3-, de tal forma de vigilar que pesque quién, cuándo y donde hay autorización.

En este contexto, son claves dos normas aprobadas en el 2018 en Perú: el Decreto Legislativo N°1392 referido a la formalización de las embarcaciones existentes sin permiso, en que se les dará acceso a pesquerías que no estén plenamente explotadas; y, el Decreto Legislativo N°1393 referido a la interdicción, que apunta a poder ser mas eficaz frente a la construcción ilegal de embarcaciones a futuro, y en general frente a la pesca ilegal.

Este marco normativo sumado a las acciones de control que se están realizando por parte del Estado configura un escenario favorable para frenar, de una vez por todas, la pesca ilegal.

Enfrentarse a esta actividad no es ni sera tarea fácil pues se encontrara una resistencia de aquellos que se encuentran en la ilegalidad. Por eso sera necesario que en esta batalla los trabajadores formales trabajen junto al Estado en sus distintos estamentos, tanto el Ministerio de la Producción -a cargo de la pesca-, como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, gobiernos regionales, asi como Ministerio Publico y Poder Judicial.

Está además la pesca en mar peruano, cerca de las 200 millas, en que flota extranjera hace incursiones no autorizadas para capturar recursos pesqueros. La tecnología y la web Global Fishing Watch permiten ver que son cerca de 500 barcos extranjeros que pescan frente a nuestras costas, algunos de los cuales ingresan a nuestro mar y otros se vuelven fantasmas al presumible mente apagar su dispositivo de seguimiento. Es importante que los países bandera de la flota que pesca en mares distantes asuman liderazgo en procurar las buenas practicas de sus embarcaciones y pescadores.

No más construcción de embarcaciones ilegales. No más astilleros ilegales. No más pesca ilegal. Si a la sostenibilidad de nuestras pesquerías. Dejemos a las demás generaciones la posibilidad de conocer lo maravilloso que es el mar y las especies que viven en él.

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