Hoy, este despropósito ha sido finalmente corregido a través de la publicación del Decreto Legislativo N° 1515, el mismo que aplica los beneficios tributarios de tasas reducidas del impuesto a la renta y la depreciación acelerada previstos en la Ley N° 31110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial.

Esta medida le dará un mayor dinamismo a la acuicultura que, en el 2020, el año más difícil de los últimos tiempos por la pandemia, exportó US$ 339 millones y según el MEF, esto representa casi US$ 100 millones más que hace 4 años. Si bien lo aprobado ayudará a impulsar al sector acuícola, también es importante tomar en cuenta las actividades conexas como, por ejemplo, el mejoramiento de la infraestructura vial para que los productos acuícolas que se desarrollen, tengan fácil acceso y puedan llegar oportunamente a los mercados de consumo internos y externos sin perder la inocuidad de los mismos.

Por otro lado, el gobierno a través de PRODUCE, debería fomentar el consumo interno de las especies que se producen a partir de la acuicultura, especialmente de aquellos que no son tan conocidos -como algunas especies de la amazonia- y así no depender tanto de la importación de tilapia o basa.

Parece que finalmente llegó la hora para el desarrollo de la acuicultura peruana. Que el 2022 sea pues el año de su despegue, logrando conquistar los mercados nacionales e internacionales. Es tiempo de ir por ello.

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El Perú, señalaba el exministro, cuenta ya con un buen modelo de velero, lo cual está demostrado con los avances de nuestra economía, pero sobre todo en los indicadores de disminución de pobreza, el incremento de la clase media y del PBI per cápita de los últimos 30 años.

Ello, sin embargo, no hubiese sido posible sin las velas adecuadas, las cuales impulsan nuestro crecimiento y desarrollo, que son sin lugar a dudas, la minería, la pesca, la agro industria y el turismo.

Así, el sector pesquero, pieza clave de ese velero, aporta entre el 1.5% y 2.5% al PBI, el 7% de las exportaciones del país, genera alrededor de 700 mil puestos de trabajo; además de contribuir al Estado casi el 50% de su utilidad operativa en aportes sociales y regulatorios, a fin que éste cuente con los recursos necesarios para atender las necesidades de las personas, en especial las más vulnerables.

En este contexto, sería importante que PRODUCE anuncie las cuotas de pesca de la primera temporada de anchoveta de la zona sur y la cuota de jurel y caballa correspondiente al año 2022, ya que ello permitirá que todos los sectores conexos al sector (transporte, metalmecánica, textil, servicios, etc.) se preparen a tiempo para beneficiarse de este impulso.

En el 2022, debemos seguir navegando con fuerza y optimismo, aprovechando los buenos vientos de la coyuntura internacional, y siempre en Libertad, para así asegurar nuestro futuro, pero también el de las próximas generaciones.

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Los Acuerdos de Producción Limpia (Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM) son instrumentos de promoción que introducen en las actividades productivas un conjunto de acciones para el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, mejorando así las condiciones para la prevención o minimización de la generación de los residuos sólidos.

“Estamos muy orgullosos de ser la primera empresa pesquera que firma un Acuerdo de Producción Limpia (APL) en el país”, señaló Gonzalo De Romaña, gerente general de TASA y aseguró que el compromiso asumido se enmarca plenamente dentro de la Estrategia de Sostenibilidad de la compañía que es transversal a todos sus procesos de producción. “Desde nuestra fundación hemos adoptado un enfoque de innovación hacia la sostenibilidad medio ambiental, que se ha reflejado es una serie de acciones como el cumplimiento anticipado de los límites máximos permisibles de efluentes y emisiones, la adopción del concepto de economía circular para nuestros residuos, la medición de nuestra huella de carbono e hídrica, la aplicación de autovedas y el diseño de un modelo de pesca sostenible”, explicó De Romaña.

Para Cayetana Aljovín, presidenta de la SNP, la suscripción de este Acuerdo “significa ratificar nuestro compromiso por la sostenibilidad y la economía circular ya que queremos también inspirar a otros gremios y empresas para que se sumen en esta gran cruzada por un mejor planeta”. Destacó, en tal sentido, programas impulsados por su gremio, como Salvamares, que contribuyen con la sostenibilidad de las especies del ecosistema marino en el que participan siete empresas pesqueras agremiadas, así como los más de US$ 500 millones invertidos en beneficio del cuidado ambiental por las empresas pesqueras industriales que forman parte de la SNP.

A través del APL, TASA se compromete a implementar, en coordinación y con el acompañamiento de la SNP, una serie de acciones que incluyen el desarrollo de proyectos de educación ambiental en instituciones educativas, orientadas a la minimización, valorización y adecuado manejo de residuos sólidos; así como brindar apoyo e impulso al programa de segregación en la fuente y recolección de residuos sólidos municipales, entre otros.

La ministra del Ambiente, Kirla Echegaray, reveló que cada vez son más las empresas que ya suscribieron el APL y mostró alegría porque esta iniciativa voluntaria del sector privado, de la mano con el sector público, viene cosechando sus frutos: “para nosotros es muy placentero firmar este APL porque es la demostración del trabajo conjunto entre el sector público y privado para darle valor a los residuos con un enfoque de economía circular que el Perú tanto necesita. Lo celebro porque es un ejemplo y porque tanto empresas como gremios se están comprometiendo al cumplimiento de metas que van mucho más allá de la ley y lograr cosas importantes”, puntualizó.

Por su parte, el ministro de la Producción, José Salardi, señaló que el sector pesquero ha tomado la iniciativa como gremio para la firma del APL y dijo que “es muy grato que estemos aquí porque es muy importante fortalecer la relación con el sector pesquero para ratificar los compromisos de producción limpia y en este caso estamos con una gran empresa, líder en el mundo en el sector pesquero. Tenemos el compromiso de avanzar hacia la economía circular y sería muy importante que todas las empresas del sector pesquero se sumen a esta iniciativa para ratificar su compromiso en el desarrollo sostenible y el cuidado ambiental”.

FOTO: PRODUCE

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Para seguir ahondando en la inestabilidad del sector, se ha publicado en la víspera un Decreto de Urgencia (DU) que modifica la Ley de creación del IMARPE, el cual entendemos no estaba considerado en la agenda del Consejo de Ministros. Así, no se logra entender cuál era la urgencia de emitir esta norma a tres días de elegirse el nuevo Congreso ni tampoco el carácter económico – financiero, por lo que esta sería inconstitucional.

Por otro lado, si bien todo es perfectible, no se entienden las razones para un cambio en una institución que viene trabajando de manera independiente por más de 57 años, con una solvencia técnica reconocida a nivel mundial. Es más, la auditoría del 2014 de FAO – a la que se hace mención en los medios – reconoce como adecuada la estructura del IMARPE.

Así, preocupa mucho que con este DU se reste independencia y autonomía al IMARPE. Y, como el diablo está en los detalles, la norma permitiría una injerencia en este organismo, toda vez que su presidente puede ser removido cuando desde PRODUCE se le quita la confianza.

Ahora, si bien la idea de un concurso público parecería una buena idea, se deja a criterio de una comisión donde está el propio Produce, el establecer los requisitos para acceder a tan importante cargo, lo cual le resta imparcialidad.

Es una lástima que entre gallos y medianoche se apruebe una norma que tendrá efectos no solo sobre la estabilidad del sector pesquero sino sobre el país.

Quedamos todos advertidos.

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Ello genera que gran parte de las conservas de atún que consumimos provengan del extranjero. Así, según la Cámara Peruana del Atún, solo en 2018 se importó $67 millones en conservas de esta especie, de las cuales 64% provinieron de Tailandia. Es una paradoja que nuestros niños y niñas de Qali Warma consuman atún tailandés, cuando este podría ser perfectamente peruano.

Pero, ¿por qué sucede esto? La pesca de atún es una actividad que se caracteriza por demandar mucho combustible, ya que, al ser una especie altamente migratoria, la flota realiza faenas extensas. Por ello, mientras la flota peruana paga $3 por el galón de petróleo, la flota ecuatoriana paga $1, al estar subsidiado.

Esta situación pone en clara desventaja a la flota atunera nacional, que en los últimos dos años solo ha descargado el 36% de esta especie en territorio peruano, mientras que el 64% ha sido realizado por barcos extranjeros.

Desde la SNP consideramos que así como el Gobierno ha visto por conveniente esta semana devolver el ISC al combustible para los transportistas de carga, a fin de impulsar su competitividad, en el caso de la industria del atún resulta necesario eliminar el ISC al combustible que utilizan estos barcos y así se logre el despegue tan esperado por tantos años.

Foto: PRODUCE

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Sin embargo, no basta quedarnos en el diagnóstico sino que urge hacerles frente de manera eficaz. Una forma es mediante el uso de la tecnología, pues reduce burocracia, genera transparencia e, incluso, como señala Microsoft, incrementa los índices de productividad entre 20% y 30%.

En el sector pesquero existen procesos que se podrían agilizar y transparenta más con el uso de la tecnología.

A modo de ejemplo, el proceso de zarpe – mediante el cual Dicapi otorga el permiso de navegación a un barco desde un puerto- podría ser 100% digital. Para ello, sería necesario que la autoridad acepte la firma digital de los patrones en el formato de zarpe. Así, el zarpe podría enviarse vía internet y recibir la autorización de igual forma, lo que reduciría en más dos horas dicho trámite.

Pero no solo eso, en el zarpe también se requiere la asignación de inspectores a bordo. Para agilizarlo y transparentarlo se podría crear una app con un banco de inspectores, y así se reduciría en tres horas este trámite.

Por otro lado, en el sistema de control y vigilancia se debería dar un mejor uso a la información del Sisesat e implementar el código de barras para identificar a las embarcaciones que entran y salen de un puerto. Ello permitiría tener seguridad para los inspectores del Sanipes y del propio programa de control.

La digitalización de los servicios que ofrece el Estado ya no es algo opcional. Es una necesidad. Caminemos hacia un Estado 2.0

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Se trata de la sentencia en la que se establece al Produce como único ente competente para otorgar permisos de pesca en el país, al ser el órgano encargado de velar por el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y de cuidar la diversidad biológica de nuestro mar.

Así, hasta antes de esta decisión, existían quienes, al no obtener una cuota de pesca por la vía administrativa, buscaban obtenerla de forma ilegal y acudían al Poder Judicial a presentar acciones de amparo o procesos contencioso-administrativos fraudulentos.

Frente a ello, en la época del ministro Giuffra, el Produce decidió interponer una demanda competencial ante el TC, a la que coadyuvó la Sociedad Nacional de Pesquería.

Por ello, saludamos la decisión tomada por el TC, pues fortalece no solo la sostenibilidad de los recursos, sino que, además, representa una acción concreta en la lucha contra la pesca ilegal en el Perú.

Al respecto, cabe precisar que en el mundo la pesca ilegal genera pérdidas por más de $23,000 millones anuales, mientras que en el Perú esa cifra bordea los $130 millones.

Esto se traduce, además, en daños cuantiosos al medio ambiente, afectaciones a los derechos humanos, menores divisas e impuestos para los países, entre otros.

En este escenario, el fallo del TC pone fin a prácticas fraudulentas, por lo que se espera que no existan más amparos que desamparen nuestros recursos, ni cautelas temerarias.

Afortunadamente, llegó la hora de que se deje de perforar el sistema de reordenamiento pesquero que tantos buenos resultados ha generado para el Perú.

Caso cerrado.

Foto: PRODUCE

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La presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Cayetana Aljovín, reconoció la buena disposición de PRODUCE para discutir la propuesta normativa sobre los nuevos derechos de pesca con todos los actores, así como recoger los costos de la industria; sin embargo, sostuvo que el mencionado incremento se da en momentos en los que la industria se encuentra fuertemente apalancada y con una rentabilidad deteriorada.

“Hoy, las cargas regulatorias de la industria son excesivas. Si bien saludamos el espacio de diálogo creado por el ministerio, discrepamos del aumento porque no se ha considerado un esquema que tenga en cuenta el punto de equilibrio en el que la industria pesquera genera renta económica”, anotó.

Aljovín anotó que aún existe margen para que el ministerio revise las cargas regulatorias, como son las relacionadas al sistema de control y vigilancia del sector que ahora, con la mayor recaudación por derechos de pesca, PRODUCE podría asumir y, así, aliviar en algo la fuerte carga que soportan las empresas pesqueras.

Asimismo, la líder gremial recordó que las cargas regulatorias que enfrenta esta industria se han incrementado casi en un 300% en los últimos años, siendo Perú el que más paga de los países de la OECD, superando incluso a Chile. “Este aumento nos vuelve lamentablemente menos competitivos aún y limita nuestro potencial de crecimiento”, dijo.

Aljovín añadió, finalmente, que todos los actores deberíamos estar concentrados en mejorar y fortalecer la competitividad de los distintos sectores y no en generarle más cargas a las actividades productivas que vienen sosteniendo el crecimiento en nuestro país. “Confiamos en que PRODUCE continuará con los espacios de diálogo abiertos para revisar los sobrecostos y mejorar la competitividad de la industria en beneficio de todos los peruanos”, concluyó.

Foto: Exalmar

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La presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Elena Conterno, sostuvo que las diferentes propuestas presentadas por este ministerio sobre el tema en cuestión evidencian que no se habían tomado en cuenta los costos reales que tiene la industria, según la información auditada que ha sido alcanzada a Produce y que Sunat puede validar.

“Hemos alcanzado dos nuevos informes al ministerio para que puedan realizar un mejor análisis, tanto desde el punto de vista económico como legal”, anotó.

No a medida confiscatoria

Al respecto, un estudio de Macroconsult sobre la propuesta de derecho de pesca prepublicada señala que Produce debe utilizar los costos reales de la industria y realizar los ajustes necesarios para que no se apruebe una medida confiscatoria y discriminatoria.

“Se aprecia una subestimación de costos al contrastar los insumos del modelo con la información financiera proporcionada por las empresas del sector”, anota.

Asimismo, sugiere que se debe aplicar al derecho de pesca un porcentaje de renta económica igual que en el resto de pesquerías, y no uno mayor, como lo han planteado en la segunda propuesta, pues resulta un trato discriminatorio.

“La propuesta debe tomar escenarios más conservadores de pesca en los próximos años dados los riesgos climatológicos que ya se aprecian actualmente y la sensibilidad de los resultados financieros respecto a los desembarques futuros”, sostiene el informe.

Medida debe pasar test de constitucionalidad

Por su parte, el abogado Jorge Danos, del Estudio Echecopar, señaló que calcular el derecho de pesca en función al valor FOB de la harina de pescado implica desconocer su carácter de contraprestación económica no tributaria que se paga al Estado por el uso o aprovechamiento de un recurso natural hidrobiológico.

“Al tomar en cuenta como base de cálculo el valor de la harina que es un producto procesado e industrializado y no la tonelada métrica extraída de anchoveta se desnaturaliza el alcance legal”, sostuvo.

Asimismo, indicó que la regulación propuesta no respeta el test de proporcionalidad, y por lo tanto de aprobarse como está planteada sería una medida inconstitucional. Señaló además que “aplicar una tasa diferenciada para los recursos pesqueros es discriminatorio, y por tanto, inconstitucional”.

Datos de interés

• Existe la falsa creencia de que la industria de harina y aceite de pescado paga poco y solo paga los denominados derechos de pesca. Al respecto, es importante precisar que los derechos de pesca representan el 27% de todos los pagos similares que se deben realizar, en tanto que el otro 73% corresponde a aportes extraordinarios que en otros países forman parte del derecho de pesca.
• Actualmente, los aportes por tonelada métrica de anchoveta son más elevados en Perú que en Chile. Asimismo, en referencia al precio de pescado desembarcado, mientras que en Perú se paga cerca de 7%, en países de la OCDE pagan la tercera parte (2% a 3%).
• Si comparamos el derecho de pesca y similares por anchoveta para ingredientes marinos que se paga en Perú contra otras pesquerías, se puede visualizar claramente que estas últimas pagan menos de 1% del precio de desembarque, frente a 7% de la anchoveta.
• La propuesta de Produce de febrero incrementa el derecho de pesca en 300%. Es decir, se pasaría a pagar el doble en comparación con Chile, y más en el caso de otros países.

Para mayor información

• Comparación de cargas tributarias y algunas obligaciones legales del sector pesquero – Ernst & Young
  https://snp.org.pe/wp-content/uploads/2018/02/2017-11-23-Ernst-Young-Cargas-Tributarias-y-Aportes.pdf
• Análisis del desempeño financiero y de los costos regulatorios de la industria pesquera del Perú – Apoyo Consultoría
  https://snp.org.pe/wp-content/uploads/2018/11/An%C3%A1lisis-del-desempe%C3%B1o-financiero-y-de-los-costos-regulatorios-de-la-industria-pesquera-peruana.pdf

Foto: SNP Comunicaciones

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“Será importante escuchar los planteamientos de todos los pescadores y dar solución a los mismos”, resaltó la presidenta de la SNP, Elena Conterno. En ese sentido, añadió que es prioritario analizar cómo se viene ejecutando el Programa de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA), de tal manera que resulte accesible a las iniciativas de los pescadores artesanales.

Retos para el sector pesquero

De otro lado, la titular de la SNP saludó la designación del economista Daniel Córdova Cayo como ministro de la Producción y le deseo el mayor de los éxitos en su gestión.

“Como gremio pesquero consideramos importante ponernos a disposición del Estado para sumar esfuerzos con la finalidad que el Perú genere más alimentos de recursos hidrobiológicos, a la par que exportaciones y empleo que dinamicen la economía del país”, sostuvo Conterno.

La líder gremial reiteró el compromiso de la industria por la sostenibilidad de los recursos pesqueros, y espera que todos los actores sigan impulsando la gestión pesquera en base a derechos, para que pescadores grandes, medianos y pequeños tengan como primera prioridad la renovación adecuada de los recursos hidrobiológicos. “Se trata de darles cuotas individuales para el aprovechamiento de las pesquerías que han venido explotando”, finalizó.

Texto: Comunicaciones SNP
Foto: Produce

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