La emergencia que hemos vivido en las últimas semanas ha permitido que todos los peruanos constatemos la debilidad y la corrupción de una gran parte de gobiernos regionales y locales.
Ha sido lamentable constatar los problemas constructivos, con puentes que se cayeron como castillos de naipes, ciudades que se inundaron, casas al borde del río que se desplomaron, entre otras muestras claras de la debilidad y la corrupción. Lamentablemente, en los últimos 15 años hemos tenido un proceso de descentralización en que se privilegiaba la transferencia de poder y recursos al nivel subnacional, muchas veces dejando de lado el interés ciudadano y su derecho de recibir buena infraestructura y servicios del Estado.
Hoy, la realidad nos enrostra que más poder y recursos a gobiernos débiles y corruptos da peores y no mejores resultados. De cara al futuro debemos impulsar la descentralización, pero anteponiendo los intereses de la ciudadanía. A continuación, algunas propuestas en ese sentido.
En primer lugar, debemos hacer que la democracia representativa funcione. Que quienes salgan electos gobernador o alcalde tengan un consejo o concejo -según se trate-, que les pida y exija cuentas, y tenga mecanismos para recibir la información necesaria y sancionar el mal ejercicio del cargo. Que las autoridades electas sean parte de partidos políti-cos sólidos, que pidan cuenta a sus miembros y sean los primeros interesados en que sus partidarios sean eficaces a la par que honestos y democráticos. Reglas de elecciones y de partidos políticos deben revisarse.
En segundo lugar, debemos dar a los ciudadanos señales claras del desempeño de los gobiernos subnacionales. Los indicadores evaluados por el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del MEF son una medida correcta en ese sentido, pero debemos tener un set permanente de indicadores, cuyo desempeño se evalúa periódicamente. Establecer diferentes indicadores cada año no asegura que temas de buen desempeño en años anteriores sigan teniéndolo en los siguientes, a la par que limita las posibilidades de que la ciudadanía se involucre y entienda el tema y mida con ello a sus autoridades.
Tercero, debemos hacer del planeamiento urbano la norma y no la excepción. Que la reconstrucción tenga como exigencia previa la definición de zonas rígidas, el trazo de canales y redes pluviales, y por contraste defina las áreas habitables de la ciudad.
Cuarto, evitemos la mayor atomización del país. Cada año se crean nuevos distritos y por tanto municipalidades, como si ello fuera a solucionar los problemas que enfrentan los ciudadanos. Frenemos la mayor atomización del país y establezcamos reglas diferenciadas para distintos tipos de municipalidades, de tal forma que resulten siendo funcionales y no burocracias cuyo presupuesto se acaba tratando de cumplir las normas públicas.
Finalmente, que la reconstrucción sea oportunidad para acabar con la inseguridad jurídica de los propietarios, en que no hay límites claros y definirlos es oneroso, en que las propiedades se pasan de una mano a otra vía constancia de juez de paz y en que la seguridad de Registros Públicos resulta lejana y onerosa para muchos peruanos. Que el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno permita contar con un solo plano y llevar a cabo un proceso masivo que dote de seguridad jurídica a los legítimos propietarios, con límites precisos; y que se defina un proceso simple, seguro y accesible para inscribir a futuro los cambios de propiedad.
Que la reconstrucción que el Poder Ejecutivo está por emprender y la reforma política que se discute en el Congreso permitan enfrentar los temas anteriores y así empecemos a construir una descentralización que piensa en los ciudadanos y apunta a instituciones democráticas, honestas y eficaces.