Cada vez es más frecuente escuchar frases como “la minería industrial contamina” o la “pesca industrial depreda”, pero no nos detenemos a hacer el ejercicio de pensar quién o quiénes están detrás de ese falso discurso.

La minería es la principal actividad económica de nuestro país; sin embargo, según Videnza, el aporte de la minería para el desarrollo del Perú se ha debilitado con los años debido a un proceso de formalización desordenado y entrampado por los propios actores ilegales, quienes han adquirido un poder económico que hoy supera al narcotráfico y con el que violentan el estado de derecho, generan impactos ambientales negativos y financian otras actividades ilegales. 

Así, justos pagan por pecadores. Mientras que la minería formal genera ingresos para el país beneficiando a todos los peruanos con empleo de calidad, divisas y tributos que deberían traducirse en carreteras, hospitales y colegios; la minería ilegal solo beneficia a unos cuantos delincuentes.

Lo mismo ocurre en el sector pesquero. Por un lado, las empresas formales respetan las reglas de un sector altamente regulado y hacen importantes esfuerzos para operar sosteniblemente y en armonía con el medio ambiente. De otro lado, existen plantas de procesamiento clandestinas para la elaboración ilegal de harina y aceite de pescado, así como embarcaciones que realizan pesca ilegal a lo largo de nuestro litoral, contaminando el ambiente, afectando la sostenibilidad y perjudicando a todos los peruanos.

Vemos claros ejemplos de ello en las recientes intervenciones realizadas en Pisco, que merecen el reconocimiento de todos los peruanos que queremos vivir en un país próspero y con futuro. Por ello, la labor de fiscalización de nuestras autoridades debe ser frontal y enérgica para poner un freno a este daño irreparable que le hacen al país, actuando impunemente y protegidos por mafias y algunas ONG. No nos quedemos de brazos cruzados frente a estos enemigos de la patria.